Rafael Ventura | La Ley Sinde y los operadores de telecomunicaciones
235
post-template-default,single,single-post,postid-235,single-format-quote,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

— La Ley Sinde y los operadores de telecomunicaciones

Una mayoría de los hogares de nuestro país tienen acceso a Internet mediante una conexión de alta velocidad. La mayor parte de la población hace uso de una línea ADSL y un porcentaje minoritario accede vía cable. La velocidad de acceso depende del servicio contratado y de la ubicación de la vivienda. Ahora bien, todos pagan por un consumo que no utilizan. La tarifa plana permite realizar un consumo ilimitado y nuestro consumo es limitado.
Cualquier operador basa su negocio de Internet para particulares en la misma fórmula: acceso ilimitado a cambio de un precio que depende de la velocidad contratada pero que no difiere significativamente del ofrecido por el resto de competidores. El usuario de Internet encuentra una oferta difícil de diferenciar y asume unos costes de cambio de proveedor cuando realiza su elección.
Este es el modelo de negocio dominante y permite que cualquier particular tenga acceso a un volumen de contenidos que en el mundo off-line tienen un precio muy superior al que paga por la conexión a Internet.
Hay que reconocer que la tarifa plana ha facilitado la extensión del uso de Internet en los hogares. Igualmente, también está detrás del conflicto actual entre creadores y una comunidad numerosa de usuarios de  Internet que se ha mostrado durante la tramitación de la, finalmente rechazada, Ley Sinde.
Los primeros, como argumenta Javier Bardem, entienden que el consumo de contenidos debe llevar consigo una contrapretación exactamente igual que ocurre en el entorno físico. También, subrayan la pérdida de ingresos de las industrias culturales y el impacto que puede tener sobre la calidad de los productos.
Los segundos, como argumenta Julio Alonso, consideran fundamental una red libre que permita la colaboración y el intercambio de contenidos para transitar de manera óptima, sin obstáculos, a la nueva sociedad digital y así disfrutar de todas sus ventajas.   

Pero existen más perspectivas desde las que observar el conflicto. Partamos de dos premisas:

  1. El acceso a Internet con fines de compartir y colaborar genera externalidades positivas que tienen que ver con el acceso libre al conocimiento, el auge de la innovación abierta, la innovación social y la economía colaborativa, la democratización de los centros de decisión, la apertura de los gobiernos, la transparencia…
  2. También genera externalidades negativas sobre un sector de la economía que no consigue retener una parte del valor añadido que genera.

Estas externalidades negativas son señaladas de manera frecuente como la consecuencia de mantener vigentes modelos de negocio tradicionales frente a la necesidad de idear nuevos modelos de negocio que se adapten al  contexto tecnológico actual. Sin embargo, ¿es adecuado el modelo de negocio de las operadoras para proveer un nuevo servicio que hemos de considerar incluido entre otros utilities como el agua, la electricidad o el gas?  ¿Cómo conseguimos el resultado óptimo teniendo en cuenta las externalidades positivas y negativas que genera el uso de la RED?
Consideremos que existe un consumo (información descargada de la red o tráfico generado) que satisface las necesidades de una persona y vinculadas con el acceso a la formación on line, la información, las relaciones interpersonales, el teletrabajo, la participación en procesos de creación de contenidos, la colaboración con otros usuarios de Internet, … Sería el Consumo Socialmente Deseable (CSD).
Supongamos que ese consumo es el que realiza un individuo cualquiera desde su hogar y con la provisión de acceso a Internet que le facilita su operador. Otro individuo, amigo suyo y que vive en una casa contigua, está realizando un consumo de Internet cincuenta veces superior motivada por el almacenamiento e intercambio de archivos de música, películas y libros. Ambos están soportando el mismo coste en la factura del proveedor de Internet.
Ahora supongamos que uno de ellos decide hacerse una piscina hermosa en la parcela de su casa y además tiene intención de llenarla de agua cada verano. El recibo de agua que paguen ambos vecinos será significativamente diferente. No sólo por la cantidad a pagar sino porque el vecino que se construyó la piscina pagará distintos precios por el agua consumida. Es decir, se penaliza un consumo elevado de agua por el coste medioambiental (externalidad negativa) y se facilita el consumo normal de agua tarificándose con un precio bajo.
¿Por qué existe una diferencia tan significativa en la forma de cobrar dos servicios que podemos considerar básicos en la sociedad actual? Una discriminación en el precio a pagar según el tráfico de internet significaría la posibilidad de generar ingresos procedentes de aquéllas personas que desean acceder a todo tipo de contenidos sin que exista la necesidad de limitar esta posibilidad. Sería el volumen de ingresos que podrían generar los recursos que actualmente se pretenden recaudar mediante el canon cuya eliminación sería posible. La discriminación en el precio también permitiría un acceso más económico a aquellas personas que realizan un Consumo Socialmente Deseable.
Los operadores ya utilizan esta fórmula en lo planes de precios de Intenet móvil.  ¿No sería posible que transitaran a un modelo de negocio parecido en el caso de Internet de banda ancha para el hogar? ¿No resultaría una buena solución al conflicto de intereses que genera el intercambio de contenidos en la RED?        

 

No Comments

Post A Comment